Suspender el suministro de agua para consumo humano que se derive del lago de Tota para los municipios de Sogamoso, Nobsa, Aquitania, Iza, Tota, Cuítiva y Firavitoba, es una de las pretensiones que persigue la acción de tutela que fue interpuesta por Diego Fernando Trujillo Marín, procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, y Alicia López Alfonso, procuradora 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Boyacá. 

Los funcionarios públicos basan su petición en un reporte realizado por la Fiscalía General de la Nación, del pasado 5 de noviembre, en el que se indica que el agua del lago natural más grande de Colombia, ubicado en el departamento de Boyacá, tiene presencia del metal pesado plomo (Pb), el cual - según el Ministerio Público - supera por encima de 95 veces los límites de tolerancia de acuerdo a la Resolución 3382 del 2015 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), para agua superficiales. 

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Para los procuradores, esta situación pone en grave riesgo la salud y la vida, debido al alto riesgo de toxicidad. Por esa razón, decidieron tutelar los derechos fundamentales a la vida, la salud, a un ambiente sano y al agua potable de los habitantes de estas siete poblaciones boyacenses que se abstacen de agua de este cuerpo lagunar. 


Con una superficie cercana a los 55 kilómetros cuadrado, el de Tota es el lago más grande de Colombia y el segundo navegable ubicado a mayor altitud de Amérca del Sur (3.015 metros sobre el nivel del mar). Foto: CaminanTr3s. 

La tutela, que fue interpuesta ante los jueces del circuito de Tunja contra los ministerios de Ambiente, de Agricultura y de Salud, así como del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el ICA, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Gobernación de Boyacá, Corpoboyacá y los municipios de Nobsa, Sogamoso, Iza, Firavitoba, Cuítiva, Tota y Aquitania, pide también que se le ordene a Corpoboyacá establecer cuál es la fuente generadora de plomo que está contaminando el ecosistema y gestione de manera inmediata las medidas preventivas, dando trámite a los procesos sancionatorios ambientales y corriendo traslado a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue los delitos en contra de los recursos naturales.

De igual manera, la acción judicial solicita que se le ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizar una vigilancia especial sobre los prestadores del servicio de acueducto de los municipios para que estos implementen medidas y procesos que conlleven a la remoción del plomo en sus sistemas de tratamiento de agua potable.

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Adicionalmente, se requrió al Ministerio de Ambiente y Corpoboyacá verificar que los permisos de vertimiento y tratamiento apropiado se estén cumpliendo adecuadamente por parte de los municipios y establecimientos que vierten sus aguas residuales en el lago, en pro de desarrollar los mecanismos de protección del ecosistema de esta reserva natural de agua. 

Así las cosas, hasta tanto no desaparezca la fuente generadora de plomo, los municipios no podrían seguir suministrando agua para consumo humano del lago, circunstancia que los obliga a adoptar un plan de contingencia, los cuales - según la Procuraduría - deben ser apoyados por Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Boyacá y Corpoboyacá.

Corpoboyacá responde

Ante esta acción emprendida por la Procuraduría, el director de Corpoboyacá, Herman Amaya, convocó a una mesa de trabajo para el próximo 18 de noviembre, la cual incluye una visita a la zona. A esta reunión fueron invitados el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Salud de Boyacá, los alcaldes de Sogamoso, Aquitania, Tota, Cuítiva, Firavitoba, Iza y Nobsa, al igual que la Empresa de Servicios Públicos departamental Coservicios S.A. 

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La autoridad ambiental informó que se encuentra habilitado el laboratorio de calidad ambiental de Corpoboyacá, sede Santa Inés, ubicado en el municipio de Aquitania desde el año 2014, el cual se encarga de realizar monitoreo de calidad del recurso hídrico de la cuenca del lago de Tota, a partir de 22 estaciones de muestreo, distribuidos en ocho puntos del espejo de agua. Los resultados de estos análisis son cargados, periódicamente, a la plataforma del SIRH (Sistema de Información del Recurso Hídrico) del Sistema de Información Ambiental (SIA).

Desde esa entidad informaron que por competencias, Corpoboyacá no mide la presencia de plomo.

Informaron, además, que a la fecha, esa corporación no tenía conocimiento de la existencia del auto admisorio del escrito de tutela y, por consiguiente, no se cuenta con traslado por parte del juzgado competente. "Una vez se surta este proceso, esta corporación dará el trámite prioritario correspondiente", indicó Corpoboyacá. 

Amaya sostuvo que las empresas de servicios públicos de cada municipio han ido dando a conocer comunicados a la opinión pública para brindar tranquilidad a sus usuarios sobre las mediciones de plomo que estos efectúan.